¿Querías Caldo? Toma dos tazas...

Hoy publicamos tarde, pero qué se le va a hacer. Como es difícil ultimamente comprar ABC en los kioskos (porque se acaba), reproducimos la noticia de ABC Córdoba de hoy con nuevos datos de supuestas irregularidades que aparecen en el sumario de la operación "Rocket" y de la operación actualmente en curso. Cada uno que opine lo que desee. Los últimos comentarios en el blog nos hacen pensar que más que una llamada a la información y la reflexión, hay quien condena de antemano y hay quien exime de culpa de la misma forma. Da igual lo que se publique, antes de leer aparece el prejuicio. Nosotros reproducimos la noticia y cada uno que crea lo que quiera.

Como siempre animamos a comentar y compartir.


CÓRDOBA / OPERACIÓN ROCKET

La exalcaldesa prestó miles de euros de dinero público al club que preside su marido

RAFAEL RUIZ / CÓRDOBA Día 27/01/2014

"Ambos rubricaron el «contrato» a pesar de sus vínculos familiares, algo prohibido expresamente por la legislación administrativa"

La exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz (PSOE) prestó dinero público al club deportivo que preside su marido al menos en tres ocasiones con la única voluntad de su firma y la de su esposo, según consta en las diligencias del sumario de la operación Rocket. Lo hicieron mediante la rúbrica de un convenio —textualmente, un «contrato»— de un folio que, en una de las circunstancias, ni siquiera está sellado, no tiene constancia de entrada en el registro municipal de entrada aunque se encuentra realizado en papel timbrado del Consistorio. Los agentes que han participado en la investigación creen directamente que las tres operaciones realizadas en los años 2009, 2010 y 2011 pueden constituir un presunto delito de malversación de fondos públicos.

La operación, explican los agentes, es como sigue. En 2009, la entidad financiera Cajasur otorgó una subvención anual superior a 20.000 euros por año a la entidad deportiva (constan entregas anteriores al amparo de las ayudas deportivas de la Obra Social y Cultural). Lo que hizo el Ayuntamiento fue autorizar una entrega de dinero para adelantar las cantidades de forma que el club deportivo tuviese liquidez para sus actividades. En realidad, funcionó como una entidad financiera en tanto en cuanto se materializase la entrega de dinero de la caja de ahorros, de la que la propia Luisa Ruiz era consejera de administración por la cuota del PSOE.

Lo primero que llama la atención es que marido y mujer firmaran un convenio o contrato. En eso, la legislación es taxativa. Según la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la exalcaldesa nunca tuvo que estampar su firma en un documento oficial con una persona de su propia familia. La Guardia Civil se extraña en sus informes que eso ocurriese porque es motivo conocido de causa de abstención para cualquier acto administrativo y más si hay dinero de por medio. La regidora lo tenía bien fácil. Bastaba con informar de ello a su equipo de gobierno y que firmase cualquier otro miembro del mismo por delegación genérica o expresa. La norma impide firmar con familias hasta el cuarto grado, afinidad expresa o negocios comunes.

Los documentos municipales de pago dejan a las claras que quién firmó no era un secreto, al menos, para los funcionarios que tramitaban los abonos. Los primeros conceptos de la documentación administrativa que obra en autos reza como sigue: «Fianza al club deportivo PYA según convenio firmado por el presidente del club y la señora alcaldesa». A alguien debió de chirriarle la mención porque en sucesivos documentos, el abono se sustancia en un acuerdo con la fecha de su rúbrica.

Cualquiera que haya manejado documentos públicos sale extrañado del examen de los dos convenios —y no tres, como debería— firmados entre la exalcaldesa de la localidad y el presidente del Club Polideportivo Peñarroya. En primer lugar, su brevedad. Apenas tres párrafos sin referencias legales, control de legalidad por parte de la Secretaría ni documentos de visto bueno por parte de un interventor.

En segundo lugar, de los dos «contratos», uno tiene registro de salida pero no de entrada en el Consistorio, ni número de orden aunque sí consta el sello de la Alcaldía sobre la firma de la exregidora. El segundo de los documentos firmados se realizó sobre papel timbrado pero no tiene ningún sello oficial. La dirección que consta no es la de la razón social del club deportivo sino de un domicilio particular del matrimonio, que fue el que se registró durante la conocida como «operación Rocket».

Los agentes han advertido, además, que «no hay motivos» para que un ayuntamiento «preste dinero a una entidad externa no pública». De hecho, las investigaciones han cruzado los documentos bancarios de pagos del Club Polideportivo Peñarroya con las obligaciones pendientes. Afirman que el adelanto de 2009 , de 22.000 euros, sí fue devuelto al Ayuntamiento, lo cual obedece de forma expresa al mandato del convenio.

El problema radica en el segundo y tercero de los expedientes de pago, ambos por valor de 24.000 euros cada uno. Los agentes no han encontrado evidencias concretas de que el dinero llegara a devolverse a las arcas públicas. En el relativo a 2010, no hay explicaciones. En el de 2011, con fecha 11 de febrero, los documentos de pago especifican «extrañamente» dos conceptos distintos: «reintegro anticipo año 2010» y «100% subvención año 2011». La Guardia Civil señala que no hay sello del tesorero y que el dinero se pagó en efectivo, forma bastante peculiar de abonar una subvención. Los agentes creen que se intentó crear una «apariencia» de que el dinero se había devuelto anotando en el mismo acto contable un reintegro y una subvención por el mismo valor.

La conclusión provisional de la investigación ante estos papeles es que se produjo «un claro enturbiamiento» de las finanzas municipales y del club así como un presunto delito de falsedad.