Más de lo mismo. El caso de los Fondos Miner

Ampliando la información anterior ABC Córdoba publicaba también esta noticia que se nos ha pasado publicar (cosas de las nuevas tecnologías). Ampliamos el artículo anterior para mayor información de este penoso capítulo de la historia de nuestro municipio.

El dinero del tren turístico acabó «en beneficio propio»

R. R. / CÓRDOBA Día 09/01/2014 - 09.41h

La Guardia Civil apunta directamente «a la anterior corporación»

El dinero liberado desde el Gobierno para crear un tren turístico de vapor en Peñaroya-Pueblonuevo acabó «en un mal uso de los fondos públicos y subvenciones», según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que consta en el sumario de la operación Rocket. El asunto es grave porque el párrafo acaba como sigue: «Incluso se han destinado a fines distintos de los previstos, probablemente un beneficio propio de la anterior corporación municipal y de las empresas Cehfe y CGFT».

Estas son las dos entidades, una de ellas sin ánimo de lucro, con las que la exalcaldesa Luisa Ruiz pactó en 2008, en calidad de expertos en la materia, el desarrollo de estos proyectos financiados con 1,4 millones del Gobierno. La Guardia Civil realizó un informe de 112 páginas que es tremendamente revelador sobre cómo eran las relaciones entre las partes. Tanto, que asegura que se produjo una estrategia deliberada y consciente de ocultación mediante la fragmentación de contratos reduciendo los requisitos para la contratación de estas entidades. «Ello constituye un fraude de ley», explica el documento elevado al juez que lleva el caso.

La Guardia Civil le asegura el juez que lo que hubo es un amaño. Así, existe evidencias de que desde la entidad Cehfe, cuyo presidente fue detenido y está imputado, le llegó a comunicar por correo electrónico al Ayuntamiento qué empresas eran las que tenían que ser invitadas en los procedimientos abiertos para la reparación de trenes históricos que pasarían a formar parte del proyecto turístico.

Tan poco sentido tiene todo que los agentes que firman el dictamen creen que sólo «una ilegalidad» lo explica todo. Por ejemplo, se facturaban trabajos con carácter previo a que el contrato estuviese adjudicado. O se lanzaban primero las facturas de la reparación de una máquina y, con posterioridad, las del proyecto necesario para que esa rehabilitación fuese posible. Los agentes que han estudiado la documentación del caso, que parte de una denuncia de la actual alcaldesa, la popular María Gil, creen que nada obedece a una casualidad. «Existe una alta probabilidad de que las irregularidades se hayan cometido a propósito» para el mencionado beneficio propio.  La Guardia Civil realiza una enumeración bastante prolija de las empresas que resultaron beneficiarias.

Los agentes reconocen no tener ni siquiera constancia de que los trabajos, efectivamente, se realizaron. Por ejemplo, las entidades Cehfe y CGFT —que comparten, por ejemplo domicilio social en Barcelona— facturaron una parte relativamente pequeña de todo lo que el Gobierno pagó como justificado.

La conclusión de todo es que «la facturación es falsa». El caso compromete no sólo la posición de la exalcaldesa y de los empresarios que participaron en el desarrollo de esta iniciativa que, sin embargo, no se encuentran imputados por el juez por malversación de fondos públicos. De hecho, las primeras diligencias se iniciaron por este motivo, tal y como consta en todos los documentos remitidos por el instituto armado al responsable último de la investigación.