Continuamos con el aluvión de noticias desde ABC Córdoba. Hoy siguen desglosando el filón informativo del sumario del caso "Rocket": arbitrariedad en las compras, irregulariades notariales, tasaciones extrañas, etc, etc, etc...
El PSOE local y su portavoz se jacta de su impoluta e impecable gestión en su anterior gobierno, pero visto lo visto, ya ni sabemos a qué se refiere.
Córdoba
El Ayuntamiento de Peñarroya gastó 5,6 millones en suelo sin tasaciones
RAFAEL RUIZ / CÓRDOBA Día 13/01/2014
En una diligencia de más de 200 páginas, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analizan la situación de los principales expedientes financiados por los fondos Miner que se gestionaron directamente desde el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. Y la compra de suelo tiene un lugar destacado en ese prolijo atestado remitido por los investigadores al juzgado de primera instancia que lleva el sumario que dio lugar a la llamada «operación Rocket» y en la que se detuvo a la exalcaldesa de la localidad, Luisa Ruiz (PSOE), a dos empresarios y se imputó a una larga lista de profesionales que han tenido contacto con los expedientes. Buena parte del documento se va en buscar cómo se hicieron las adquisiciones de suelo financiadas por el Miner con el objetivo de conseguir patrimonio para desarrollar alternativas a la minería o en mejoras urbanísticas para la localidad. En total, dicen los investigadores, se gastaron 5,6 millones de euros sin tasaciones previas realizadas de forma profesional con los criterios normalizados en procesos de adquisición forzosa.
En dos folios
La primera operación que se pone en tela de juicio en la operación FEVE, en la que se adquirieron terrenos para su conversión en vial bien a la antigua operadora bien a otros propietarios. Obtuvo una subvención global de 870.000 euros.
En primer lugar, el Consistorio peñarriblense firmó la adquisición de terrenos a un grupo de particulares. Según la Guardia Civil, consta un informe de valoración desarrollado en dos folios en un ejemplar ejercicio de concisión. El documento, con sello de una notaría pero firmado por un empleado municipal, asegura que la tasación es de 60.156,56 euros que es la misma cantidad, al céntimo, en que se pactó la operación.
La segunda parte de la operación FEVE la cerró el actual delegado de Economía de la Junta, José Ignacio Expósito, quien no se haya incurso en la causa y que en aquel momento era miembro del gobierno socialista de la localidad. El 22 de mayo de 2008 rubricó la transacción con la operadora ferroviaria FEVE para la transmisión de 21 parcelas rústicas y urbanas con una extensión de 114.922 metros cuadrados. Sumando el 16 por ciento de IVA entonces vigente, la operación ascendió a 696.931,40 euros.
Las parcelas rústicas se pagaron a un precio unitario de 0,12 a 0,97 euros por metro cuadrado mientras que las urbanas oscilan entre los 2,47 y los 11,01 euros. «No se ha encontrado ni en la documentación aportada por el IRMC (el instituto gubernamental que paga los Miner) ni en la aportada por el Ayuntamiento de Peñarroya ningún informe pericial ni de valoración de las parcelas objeto de compra y venta», afirma la Guardia Civil. Los agentes establecen una segunda prevención. No entienden por qué hay parcelas que, con el mismo grado de calificación urbanística, tienen variaciones tan importantes de precio. En tercer lugar, aseguran que las cuantías se fijaron en 2005 y la adquisición se ejecutó en 2008. No se explican la razón por la cual no se recogió el recorrido del mercado en tres años de grandes variaciones, en pleno boom del mercado del ladrillo. La UCO ha encontrado también la compra de un inmueble por el que se pagaron 24.000 euros aunque esa operación nunca se comunicó al Gobierno central.
En este caso, no cuadran ni las fechas ni las cantidades. Dice el atestado de la Guardia Civil que, diez meses después de la fecha límite para ejecutar la subvención, el Consistorio pidió una prórroga que, al parecer, no tuvo efecto. El Gobierno ingresó 696.000 euros en la cuenta municipal y no los 870.000 iniciales. A pesar de todo ello, el coste real de las operaciones era de 780.946 euros. La pregunta de los agentes, en realidad, es qué se pagó y qué no con fondos de los Miner.
Certificados sin informe
El segundo expediente patrimonial en destacarse como irregular por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es la adquisición del antiguo complejo minerometalúrgico del Cerco, pendiente de unos costosos trabajos de descontaminación. El Gobierno otorgó tres millones de euros. El suelo se adquirió a una empresa llamada Prosurop 2000 por 2.994.000 euros. En 2010, se entregó el 25 por ciento de la cantidad a la firma de la escritura y un 75 por ciento a la fecha de la inscripción registral.
Para la Guardia Civil, empiezan los misterios. En la escritura de la notaría, se dice que la exalcaldesa aportó un informe-valoración redactado por la interventora del Ayuntamiento, cosa que extraña mucho a los agentes porque no es función de un interventor municipal peritar suelos. En cualquier caso, el documento tuvo que ser conciso porque se trata de un folio mecanografiado por una sola cara. En el documento notarial no está, razón por la cual el despacho del fedatario —imputado en la causa— fue registrado por orden del juzgado. Sí se ha encontrado un certificado de la Secretaría General municipal en donde se garantiza el contenido del documento original de la Intervención. El problema es que tiene fecha posterior a la escritura de compra venta. «Este hecho es, a juicio policial, más grave aún», dice la Guardia Civil. Ese documento no consta en los archivos de Industria.
Para acabar de rizar el rizo, en los archivos del Ministerio hay un informe de tasación del Ayuntamiento. Empiezan los problemas. La persona que lo redactó y la que lo firmó no son el mismo funcionario. Explica que los terrenos constan de 429.000 metros cuadrados, de altísimo valor histórico-artístico. Establece, por el método comparativo, un precio de venta de 6,9657 euros por metro cuadrado que dan el resultado de los 2.994.000 que se pagaron. El problema es de fechas, afirman los agentes. La supuesta tasación tiene fecha de 23 de junio mientras que las escrituras se firmaron el 21 de abril de 2010. Básicamente, opinan los instructores, el documento se hizo después de firmarse la operación. Las consecuencias son varias. Al parecer, el precio se pactó en un convenio dos años antes, en 2008, algo que «no fue comunicado» al Gobierno central. Esto quiere decir que el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis no hicieron que se revisaran a las baja las cantidades que se pagaron por el Cerco. Los agentes creen que el informe de tasación se creó para justificar el cobro de la subvención cuando Industria pidió explicaciones concretas por la operación.
Suelo rústico
El tercer expediente de compras de suelo investigado es el de la adquisición de un paquete de terrenos rústicos para futuras recalificaciones con las que generar bolsas de suelo indistrial. El Miner gastó 1,8 millones de euros para, según convenio, adquirir 860.000 metros cuadrados.
Primer problema. Lo que se terminó comprando fueron 1,14 millones de metros cuadrados. Al ser diversas operaciones, algunas se realizan con informe de valoración y otras no. E incluso en los que se emite, la Guardia Civil ha encontrado irregularidades. En uno de ellos, por ejemplo, existe un certificado de la Secretaría municipal donde acredita el contenido del peritaje que, sin embargo, se realizó después. Es decir, se certificó algo que no existía. En ese documento, la tasación de la parcela asciendía a 8.188 euros y se pagaron 18.000.
Existe un caso peculiar y es la existencia de dos escrituras distintas en la compra de tres parcelas de particulares. Una copia es la que está en manos del Ministerio de Industria y en el Consejo General del Notariado. La segunda es la que obra en poder del Ayuntamiento. No coinciden ni las superficies ni las operaciones previas de venta de la parcela, razón por la cual la Guardia Civil cree que alguno de los anteriores propietarios del suelo tuvo «lucro cesante», es decir, que cobró menos por la operación que sus antiguos socios. La Guardia Civil advierte que es una cuestión grave teniendo en cuenta que hay datos que parecen haber sido cambiados sobre la marcha y que los precios de parcelas colindantes acaban siendo distintos. En realidad, el expediente está lleno de fechas no coincidentes, de cifras que no cuadran y de certificados de tasaciones no emitidas.
CÓRDOBA / EL TREN DEL GUADIATO
R. R. CÓRDOBA Día 13/01/2014 - 08.48h
El cúmulo de irregularidades detectadas en el proyecto del tren turístico del Guadiato tuvo dos beneficiarios directos, Carlos G. y Ricardo O., responsables de las entidades Cehfe y CGFT, con los que el Ayuntamiento de Peñarroya pactó el desarrollo del proyecto. En el sumario del Miner, los investigadores de la Guardia Civil aseguran que ello no fue posible sin la intervención de la exalcaldesa, Luisa Ruiz, «la cual parece haber tenido una especial motivación para actuar a favor de ambas empresas».
Un informe que obra en autos asegura que no se ha «deducido en este momento» qué pudo llevar a la responsable socialista, que aún es portavoz en la localidad, a realizar «supuestas falsedades que parecen ser varias y continuadas». La frase termina como sigue: «Salvo que el beneficio económico de Cehfe y CGFT significara también beneficio propio también para ella».
En su declaración ante el juez instructor (Luisa Ruiz se negó a declarar ante la Guardia Civil), la exalcaldesa negó tajantemente que ella o alguien del Ayuntamiento recibieran dinero a cambio de unas irregularidades que en ningún momento ha reconocido.
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