Apenas nos da tiempo de colocar en este blog las noticias que van apareciendo y que contribuyen de forma apabullante a demostrar la pésima gestión socialista en el anterior gobierno municipal amén de los supuestos y gravísimos delitos imputados y que ponen de relevancia la manera en que gobiernan: irregularidades, vulneración de las normas y desvergüenza. Una lacra para los ciudadanos de esta localidad y un robo al futuro de nuestro hijos. Reproducimos lo publicado en ABC Córdoba en estos días. Lean, compartan, comenten o sólo quédense pasmados:
Dos estupendos artículos:
El rictus fantasma del Miner y
La sociedad Municipal PIVAG o "La tapadera" perfecta
CÓRDOBA / «OPERACIÓN ROCKET»
El rictus fantasma del Miner
M. P. A. / C. F. / CÓRDOBA Día 21/01/2014 - 08.31hLa residencia de discapacitados, que costó 3 millones, está cerrada y bajo sospecha
Cinco años y cinco meses después de que la empresa Acsur arrancase las obras de la Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual de Peñarroya, uno de los proyectos de los Miner investigados por la Guardia Civil en la «Operación Rocket», este equipamiento, con un coste de 3 millones de euros, está cerrado a cal y canto.
Emerge como un fantasma. Incluso ha sufrido un intento de robo, tras el que se detuvieron a dos personas que intentaban sustraer cableado del edificio.
El sumario que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 2 del municipio revela irregularidades en la tramitación y gestión del mismo. La primera: el objetivo planteado no se cumplió.
De los 43 empleos que la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE) certificó al Instituto de Rehabilitación de la Minería del Carbón (IRMC) que generaría, no se sabe nada.
Y para colmo, a día de hoy, la obra cuenta con trabas técnicas para que la Junta de Andalucía autorice su apertura. Entre otras, varios defectos de construcción arrastrados por valor de unos 40.000 euros que aún no se han podido subsanar.
El 26 de septiembre pasado, el Pleno acordó encomendar la gestión de estas subsanaciones a Promociones Industriales Valle del Guadiato (Pivag), justo la firma municipal que los investigadores, como avanzó ayer ABC, sitúan como «herramienta clave» de la trama —con tres imputados judiciales hasta ahora—.
Entre las obras, con un coste aproximado de 40.000 euros, se incluyen la instalación de una entrada para minusválidos, adecuar las salidas de emergencia o colocar una barandilla en la puerta de entrada.
Según el análisis que la Unidad de Delitos contra la Administración hace de este expediente, se desprenden varias irregularidades en un proyecto que se le encomendó a Pivag el 28 de octubre de 2009 y adjudicó a Acsur casi un año antes (junio de 2008).
Casi dos años después de que se firmara el convenio con Industria por 3 millones, el precio de adjudicación, sin baja.
Certificados bajo sospecha
«Es desconocido qué papel llevó a cabo Pivag y por qué no se hizo constar en el informe sucinto [de justififcación ante el Miner] su participación en el proyecto, si es que la tuvo]», reza el documento al que ha tenido acceso ABC.
Hay que recordar que el Instituto Armado cree que la promotora municipal era un instrumento usado para dar cobertura a irregularidades y falsedades documentales de cara a no perder el dinero de las ayudas.
Los agentes señalan también que Luisa Ruiz certificó varios extremos de las obras «pudiendo no ser competente para ello» (da su conformidad y no el secretario, a las actuaciones, que se acabaron sin penalizar un año después del plazo fijado).
Además, la memoria de ejecución del proyecto, clave para justificar los fondos que daba el Miner, se encontraba sin firmar.
CÓRDOBA / PEÑARROYA - «OPERACIÓN ROCKET»
La sociedad municipal PIVAG, o la «tapadera» perfecta
M. P. A. / CÓRDOBA Día 20/01/2014 - 08.25hLa Guardia Civil cree que gestionó de forma ilegal obras para cubrir irregularidades
La investigación de la Guardia Civil sobre la gestión de fondos Miner por el Ayuntamiento de Peñarroya en el anterior mandato de la exregidora socialista Luisa Ruiz, en libertad con cargos dentro del marco de la «Operación Rocket» junto a otros dos empresarios, concluye que la sociedad municipal Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato(PIVAG) era una «herramienta clave» en el entramado de irregularidades.
Entre otros objetivos, y de manera ilegal,se usó para «justificar el gasto de la totalidad de las subvenciones» que el Instituto para la Rehabilitación de la Minería del Carbón (IRMC) pagó al municipio entre 2007 y 2012 para obras y servicios proyectados y así no perder los fondos.
Esta es una de las conclusiones a las que llegan los agentes encargados durante más de un año del caso y que plasman en un exhaustivo informe de 185 folios, al que ha tenido acceso ABC.
De hecho, la sede de PIVAG fue uno de los lugares registrados por el Instituto Armado el pasado 22 de octubre.
Ruiz, que como alcaldesa presidía también esta empresa municipal y tenía un sospechoso grado de involucración en los trámites, decide, según los investigadores, convertirla en el gran intermediario encargado de gestionar la mayoría de obras y servicios que le planteó al Miner.
Así, empieza a encomendarle tareas: la gestión de siete de los once proyectos que analiza la Guardia Civil. Desde la primera fase del Tren Turístico —donde su labor en el cúmulo de irregularidades destaca sobre manera con los otros empresarios imputados— hasta la construcción de una residencia para discapacitados psíquicos, entre otros.
Todos ellos suman un montante de 10 millones de euros, algo menos de la mitad del valor de todas las iniciativas tramitadas en el periodo que abarca esta operación.
Según los agentes, PIVAG no tenía capacidad legal para ostentar ese papel de intermediario. En base a la normativa de contratos públicos y de sociedades municipales, en sus estatutos no se recogía entonces su condición de «medio propio» del Ayuntamiento para contratar obras y justificar gastos como sí hizo.
De este modo, la promotora pública escapaba al control de la norma y se convertía en un instrumento propicio para dar cobertura a otras irregularidades, según recoge la investigación.
De este modo, la promotora municipal era la tapadera perfecta. No hay control sobre unas supuestas adjudicaciones de obras que o no son fiscalizadas o se hacen a dedo o no hay siquiera constancia de cómo se realizan.
Emplea conceptos «incongruentes» en las facturas que remite al Ayuntamiento para que le pague tareas que luego son certificadas también de forma irregular. O hay dobles facturas sobre un mismo trabajo, o se emiten sobre trabajos no hechos, o incluso bajo el carácter de «actuaciones complementarias», obras efectuadas ya en la concesión principal.
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