El Instituto de Bienestar Social, en manos del PSOE entonces, gastó 2.070 euros dentro de un plan para envejecer de modo saludable
La sensación relajante de los chorritos del agua. El contraste de las aguas y los baños a diferentes temperaturas o las manos de un masajista que tonifica la musculación. Un recomendable menú de prácticas para alargar la salud que cualquier terapeuta aconsejaría. Lo llamativo es que la Diputación de Córdoba pagó a 90 personas en 2010 una sesión de termas y masajes en unos Baños Árabes al módico precio de 2.070 euros y dentro de un programa de Envejecimiento Saludable y Activo que a lo largo de ese año gestionó más de un millón de euros con muy pocos controles.
Un informe del Servicio de Intervención de la Diputación de Córdoba, al que ha tenido acceso ABC, cuestiona muy mucho «la necesidad, eficiencia y eficacia» de los gastos realizados en este programa a cargo de la entonces responsable del Instituto Provincial de Bienestar Social, la socialista Reyes Lopera. Tras hacer una muestra de las facturas halladas del mismo, que fue engordando su presupuesto inicial de 250.000 euros a base de suplementos de crédito que no aprobaba ningún órgano, Intervención se queda con algunos ejemplos de lo más anómalo.
Junto a la jornada lúdica entre piscinas de agua caliente y fría y camillas de masajes, al órgano fiscalizador de la institución provincial le llama la atención otros gastos. Así, repara en la compra de sudaderas, camisetas y gorras para senderismo por 1.500 euros para el citado programa saludable para personas de avanzada edad; alguna factura para la compra de obsequios que incluía 50 regalos para niños —siendo un proyecto de mayores—, incluso otras en las que se constata la compra de presentes para los ponentes de un taller intergeneracional, por valor de 1.015 euros, entre los que se incluyen tres maletines de cuero por valor de 200 euros cada uno y 40 agendas. Por un monitoraje de yoga durante un mes en La Carlota se pagan 1.015 euros. Y en un taller de bailes de salón en Dos Torres, casi 1.600 euros.
Según el análisis que hace el Servicio de Intervención, que también halla irregularidades en la política de Personal de este organismo autónomo de la Diputación en el área social, las facturas de todos los servicios prestados en el citado programa se remitían para fiscalización al final del año, aunque las actividades se celebraran desde el arranque del mismo.
Monitores «particulares» «Al no haberse planificado todos y cada uno de los gastos a llevar a cabo y su importe de antemano, no se han tramitado expedientes de contratación conforme a la ley cuando han superado los umbrales obligatorios», recoge el informe al que ha tenido acceso este periódico.
Del millón de euros de presupuesto, 400.000 euros fueron a parar a los ayuntamientos vía subvenciones. Un total de 375.076 euros, a monitores para talleres que a la hora de ser contratados, según el órgano fiscalizador, se trataba de personas físicas sin habilitación profesional, lo cual no está admitido en una administración pública. La partida de «Servicios de restauración» supuso 101.625 euros.
Pero ahí no quedan las anomalías detectadas en este informe de fiscalización de 2010 —el programa de envejecimiento saludable también se practicó en 2009—. La plantilla del Instituto Provincial de Bienestar Social está compuesta ese ejercicio por 104 personas de las que sólo 44 plazas están cubiertas de manera definitiva siendo las 60 restantes «personal laboral temporal, en concreto interinidades, siendo algunas de ellas con derecho a reserva de puesto de trabajo», explica el informe, cuestión que tampoco admite la ley. Es más, el interventor descubre la «incongruencia» de que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de este organismo se iban creando puestos a medida que se contrataba personal laboral temporal por obra y servicio.