“El equipo de gobierno que presido tiene que escuchar en todo momento las demandas y necesidades de los vecinos, unas demandas que siempre redundarán en la mejora de la gestión municipal y, por ende, en el beneficio de los intereses de los peñarriblenses”.
Con estas palabras, la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Gil, se ha referido a la reunión que ha mantenido con representantes de asociaciones vecinales locales, entre los que se encontraban los del Riillo, San Miguel, Vistalegre, la barriada Santiago García Fuentes, La Gotera, El Peñón, La Estrecha y la Plaza Al Andalus. “Las diferentes directivas pudieron poner de manifiesto todas y cada una de sus inquietudes respecto a sus barrios”, ha insistido.
María Gil aprovechó la reunión para darles a conocer los diferentes planes de empleo que se están llevando a cabo en la localidad “y que continuarán a lo largo de estos meses”, además de para entregarles una copia literal del convenio que el Consistorio ha firmado con la empresa Gestagua para el pago de la deuda contraída con esta entidad, “y otra copia de la transferencia que este Ayuntamiento ha tenido que realizar de forma efectiva el pasado 31 de octubre y que corresponde al 20% de esa deuda total principal que se mantiene con dicha firma; también se les informó de que el municipio tendrá que aportar el 80% restante de ese débito en los próximos 10 años en pagos anuales de 500.000 euros. Esos 500.000 euros anuales se abonarán sin subir los impuestos; aunque, obviamente, el dinero que aporta el Ayuntamiento es dinero de los impuestos cuidadanos”, ha puntualizado.
Esta deuda mantenida con Gestagua es fruto de los diferentes pleitos que el anterior equipo de gobierno mantuvo con dicha firma y por los que el Consistorio fue condenado al pago de más de cinco millones de euros. La alcaldesa ha recordado que se ha llegado a este acuerdo con Gestagua sin que el Ayuntamiento haya tenido que endeudarse aún más -“ya que no hemos tenido que solicitar ningún préstamo para ello”, ha indicado-; estableciendo un tipo de interés que no se conseguiría a día de hoy a través de ninguna entidad bancaria privada o pública; y consiguiendo a su vez una quita de 1,7 millones de euros, que correspondían a los intereses desde el año 2006, fecha en que se interpuso el primero de los pleitos.
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