CRITICAS A LA FALTA DE REFUERZOS PARA INSTRUIR EL FRAUDE DEL MINER

Operadores jurídicos alertan de que la carencia de medios afectará a la resolución del sumario

DAVINIA DELGADO/ CÓRDOBA Día 27/11/2014 - 08.48h

La «Operación Rocket», que investiga la comisión de presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense y en la que hay nueve imputados, entre ellos, la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), no tiene la envergadura de otros macroprocesos con mayúsculas, como el caso ERE, plagados de piezas separadas, imputados, diligencias y rimeros de documentos, tal y como puntualizó en su día la Junta de Andalucía. No obstante, la complejidad del sumario -que investiga la que podría ser la mayor trama de corrupción orquestada, hasta la fecha, por una institución pública en Córdoba- está poniendo contra la cuerdas al órgano judicial que lo lleva, Instrucción 2 de Peñarroya, que ha solicitado en hasta cuatro ocasiones un funcionario de refuerzo para que la causa no sufra dilaciones.

Los operadores jurídicos reprueban que no se dote de los medios humanos necesarios al juzgado y aseguran que esta decisión afecta, no solo al «Caso Rocket» únicamente, sino al resto de asuntos que tramita el órgano.

Así se pronuncian sindicatos como SPJ-USO, CSIF y CC.OO., que recuerdan que la planta judicial tanto en Peñarroya como en la mayoría de los partidos judiciales de la provincia, es, a todas luces, escasa. Según apuntó el presidente del sector de Justicia del CSI-CSIF en Córdoba, Diego Díaz, «en Instrucción 2 de la citada localidad solo hay cinco funcionarios, y uno de ellos se dedica también al Registro Civil», por lo que, ante causas, como la Rocket, evidencian «una falta de medios humanos y materiales».

En la misma línea se manifestó el portavoz de SPJ-USO, Domingo Castillo, que señaló que «hace aproximadamente un año, cuando comenzó la instrucción del sumario, tanto el juez que había en ese momento como la secretaria del órgano me comunicaron que la causa peñarriblense iba a desbordarlos». En este sentido, apuntó que «si el procedimiento sigue en la misma línea, es decir, aumentando su volumen y complejidad [acumula ya más de 15 tomos y sobrepasa los 15.000 folios], la necesidad de un refuerzo es evidente, para evitar que esta macrocausa paralice la tramitación del resto de expedientes».

Por su parte, el responsable de Justicia del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, José Carlos Alba, ya instó en su día a la Junta y en declaraciones a este periódico, a que «los juzgados de la provincia se doten con el mismo personal que el resto de las provincias andaluzas, corrigiéndose así el déficit estructural existente». Alba indicó que «desconocemos las causas de esta infradotación de personal».

Además, recordó que la Consejería de Justicia cuenta con otro resorte para hacer frente al desequilibrio que generan las macrocausas en las oficinas judiciales, como es el Servicio de Apoyo a la Audiencia Provincial, consistente en un equipo de profesionales que, debido a su alta cualificación y experiencia «actúan como verdaderos bomberos de la Administración de Justicia, organizando y reactivando cualquier incidencia que se produzca».

Según Alba, desde 2011 este equipo «no es destinado a la provincia bajo el pretexto del ahorro de la indemnización por el servicio (desplazamientos que habría que abonarles)».

Sobre la marcha de la «Operación Rocket» también se pronunció el presidente en funciones de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, quien, con todas las cautelas «y sin tener un conocimiento en profundidad del asunto», consideró que «los juzgados de la provincia, no solo el del Peñarroya, tienen un problema endémico, y es que cuentan con la misma plantilla que hace 50 años. Casos de este tipo requieren un funcionario dedicado en exclusiva, si bien me consta que la Junta está sensibilizada, pero estamos atravesando una crisis económica y todo los recortes que conlleva», apuntó.

Peritos

Al respecto, también opinó el miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados (tesorero) y abogado responsable del área Penal en el despacho Puebla Asociados, Antonio Pedragosa, que, de forma genérica (al no conocer el estado del «Caso Rocket»), aseguró que «cuando en un juzgado entra un asunto que llega a tener un volumen significativo y que va a suponer, de alguna manera, la ralentización del resto de procedimientos del órgano, se hace ineludible un refuerzo». Además, el letrado echa en falta la presencia de peritos, como ocurre con los médico forenses, «para materias concretas». Desde su punto de vista, la Administración de Justicia precisa una «reforma en profundidad» para evitar disfunciones, «y tiene que hacerse con la voluntad de perseguir la celeridad», ya que «la litispendencia, si se prolonga, favorece siempre a una de las partes».

La Consejería de Justicia justificó en su día que el juzgado peñarriblense «es uno de los 21 juzgados mixtos de la provincia que tiene menos volumen de asuntos de entrada o pendientes por lo que no se justifica objetivamente dicho refuerzo».

Además, alegó que «un asunto concreto con nueve imputados no justifica en modo alguno por sí solo el nombramiento de refuerzos».