Las 117 empresas públicas de la Junta de Andalucía tuvieron en 2006 un déficit de 963 millones de euros, según el último informe de la Cámara de Cuentas al que ha tenido acceso el Partido Popular, que denuncia que la Junta ha creado una auténtica y muy costosa "administración paralela".
Si relevante es la cantidad del déficit, casi 1.000 millones de euros (unos 160.000 millones de las viejas pesetas), más alarmante aún es el crecimiento experimentado por tal déficit en un solo año: 34 por ciento, es decir, 244 millones de euros (alrededor de 40.000 millones de pesetas).
Según los datos de la Cámara de Cuentas, datos que aún no están colgados en la página web de la institución, el déficit de 963 millones de estas empresas en 2006 supone un incremento respecto al de 2005 del 34 por ciento, o sea de 244 millones más de euros. Asimismo, destacó que desde 2001 ese déficit se ha duplicado prácticamente ya que en esa fecha era de 519 millones frente a los 963 de este año.
En paralelo, las subvenciones de explotación que ha asignado la Junta a estas empresas se han más que duplicado desde 2001 a 2006 ya que se ha pasado de subvencionarlas con 444 millones de pesetas a los mil millones en 2006. Según Sanz estas cifras demuestran que la estrategia de la Junta para ocultar el déficit real de las empresas es aportar cada año más fondos, de manera que entre 2005 y 2006 el incremento de las subvenciones fue del 37 por ciento, o sea 273 millones más.
El último informe de la Cámara de Cuentas y sus conclusiones fueron un monumento a la cara dura y a la impunidad de la Junta de Andalucía en la gestión de las empresas públicas. Cuatro años después, al parecer, no sólo todo sigue igual, sino que empeora. El problema que suponen las empresas públicas andaluzas para los ciudadanos andaluces son, además del crecimiento del déficit, los siguientes:
a) Duplican los gastos públicos porque hacen las funciones que deberían hacer las consejerías de la Junta sin que por ello se adelgace el gasto de la Administración general, lo que en opinión de Antonio Sanz, secretario general del PP de Andalucía, es tremendo sobre todo en «estos momentos de crisis».
b) Las empresas públicas no están controladas por los presupuestos andaluces por lo que se han convertido en «un gran monstruo burocrático paralelo a la administración e incontrolado que cada día devora más recursos», según el PP.
c) Ni siquiera la Cámara de Cuentas sabe cómo se contrata al personal de estas empresas y los datos disponibles permiten augurar que estas empresas son un "coladero" irregular de personas afines al Partido Socialista. Sanz también llamó la atención sobre el aumento del personal que trabaja en estas empresas que tienen ya 2.358 trabajadores, de los que 4.400 se han incorporado entre 2003 y 2006 a las 55 empresas en que la Junta es mayoritaria. Además, según Sanz hay que sumar a esto las 2.000 personas que trabajan en fundaciones creadas por la Junta. «Y mientras tanto -dijo- muchos funcionarios están de brazos cruzados por que su trabajo ha sido adjudicado a estas empresas»
d) El poder que confieren estas empresas a la Junta de Andalucía y al Partido Socialista para mediatizar el desarrollo de la sociedad civil y las empresas privadas es enorme. Lo que se controla, se financie o se subvenciona y lo que no, no. Actualmente las empresas públicas participadas por la Junta de una forma u otra son 117, de las cuales 55 están participadas mayoritariamente por la Administración andaluza y otras 62 de forma no mayoritaria.
e) Desde el punto de vista administrativo, la confusión es tal que hay empresas subcontratadas por estas empresas públicas o por las propias Consejerías que tienen incluso despachos propios en la Junta de Andalucía en la que atienden incluso al público personal de estas empresas.
Las empresas públicas, incontroladas, oscuras, despilfarradoras, poderosas e impunes son un elemento esencial del régimen socialista instalado por Manuel Chaves.
Si relevante es la cantidad del déficit, casi 1.000 millones de euros (unos 160.000 millones de las viejas pesetas), más alarmante aún es el crecimiento experimentado por tal déficit en un solo año: 34 por ciento, es decir, 244 millones de euros (alrededor de 40.000 millones de pesetas).
Según los datos de la Cámara de Cuentas, datos que aún no están colgados en la página web de la institución, el déficit de 963 millones de estas empresas en 2006 supone un incremento respecto al de 2005 del 34 por ciento, o sea de 244 millones más de euros. Asimismo, destacó que desde 2001 ese déficit se ha duplicado prácticamente ya que en esa fecha era de 519 millones frente a los 963 de este año.
En paralelo, las subvenciones de explotación que ha asignado la Junta a estas empresas se han más que duplicado desde 2001 a 2006 ya que se ha pasado de subvencionarlas con 444 millones de pesetas a los mil millones en 2006. Según Sanz estas cifras demuestran que la estrategia de la Junta para ocultar el déficit real de las empresas es aportar cada año más fondos, de manera que entre 2005 y 2006 el incremento de las subvenciones fue del 37 por ciento, o sea 273 millones más.
El último informe de la Cámara de Cuentas y sus conclusiones fueron un monumento a la cara dura y a la impunidad de la Junta de Andalucía en la gestión de las empresas públicas. Cuatro años después, al parecer, no sólo todo sigue igual, sino que empeora. El problema que suponen las empresas públicas andaluzas para los ciudadanos andaluces son, además del crecimiento del déficit, los siguientes:
a) Duplican los gastos públicos porque hacen las funciones que deberían hacer las consejerías de la Junta sin que por ello se adelgace el gasto de la Administración general, lo que en opinión de Antonio Sanz, secretario general del PP de Andalucía, es tremendo sobre todo en «estos momentos de crisis».
b) Las empresas públicas no están controladas por los presupuestos andaluces por lo que se han convertido en «un gran monstruo burocrático paralelo a la administración e incontrolado que cada día devora más recursos», según el PP.
c) Ni siquiera la Cámara de Cuentas sabe cómo se contrata al personal de estas empresas y los datos disponibles permiten augurar que estas empresas son un "coladero" irregular de personas afines al Partido Socialista. Sanz también llamó la atención sobre el aumento del personal que trabaja en estas empresas que tienen ya 2.358 trabajadores, de los que 4.400 se han incorporado entre 2003 y 2006 a las 55 empresas en que la Junta es mayoritaria. Además, según Sanz hay que sumar a esto las 2.000 personas que trabajan en fundaciones creadas por la Junta. «Y mientras tanto -dijo- muchos funcionarios están de brazos cruzados por que su trabajo ha sido adjudicado a estas empresas»
d) El poder que confieren estas empresas a la Junta de Andalucía y al Partido Socialista para mediatizar el desarrollo de la sociedad civil y las empresas privadas es enorme. Lo que se controla, se financie o se subvenciona y lo que no, no. Actualmente las empresas públicas participadas por la Junta de una forma u otra son 117, de las cuales 55 están participadas mayoritariamente por la Administración andaluza y otras 62 de forma no mayoritaria.
e) Desde el punto de vista administrativo, la confusión es tal que hay empresas subcontratadas por estas empresas públicas o por las propias Consejerías que tienen incluso despachos propios en la Junta de Andalucía en la que atienden incluso al público personal de estas empresas.
Las empresas públicas, incontroladas, oscuras, despilfarradoras, poderosas e impunes son un elemento esencial del régimen socialista instalado por Manuel Chaves.
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