El Pleno del Parlamento andaluz rechazó, con los votos del PSOE, una moción del PP en la que se reclamaba a la Junta un paquete de medidas para la regeneración urbanística" de la comunidad en el que incluían la derogación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la redacción de un nuevo texto "basado en un amplio consenso, concertación y participación de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de la comunidad autónoma". En la iniciativa, que contó con el apoyo de IU y PA en algunos puntos, el PP demandaba también que la nueva formulación del POTA establezca "principios claros, tasados y alejados de cualquier discrecionalidad al servicio de cualquier interés político o económico y con un escrupuloso respecto al ámbito competencial municipal". Junto a ello, los populares instaban al Ejecutivo andaluz a modificar la composición y estructura actual de las comisiones provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, encargadas de autorizar o denegar las modificaciones y recalificaciones, para dar representación a la sociedad civil a través de los agentes que operan en el sector, como usuarios, consumidores, ecologistas, colegios profesionales de arquitectos e ingenieros, notarios y registradores. Además el PP propuso que estas comisiones provinciales incrementen sus competencias de inspección y control de la planificación urbanística, así como "acentuar su transparencia, haciendo públicos en Internet todos los informes que recaigan sobre todos los expedientes de recalificación, tanto los favorables como los desfavorables, para evitar el secretismo que facilita convertir la excepcionalidad en arbitrariedad". Otra medida propuesta por el Grupo Popular era mostrar "mayor agilidad en la tramitación administrativa de los instrumentos de planeamiento y control para que nadie sienta la tentación de pedir recompensa por adelantar un expediente concreto", ya que se muestra convencido de que "si todos los expedientes avanzan sin demora, nadie estará dispuesto a pagar por acelerar uno de ellos". La iniciativa del PP se completaba con propuestas como "introducir la obligatoriedad de informe vinculante, previo a la formalización de cualquier convenio urbanístico que implique modificación o alteración de la calificación, usos y edificabilidad del suelo" y establecer el "sometimiento anual obligatorio de fiscalización ante la Cámara de Cuentas de Andalucía de todos aquellos convenios urbanísticos que impliquen contraprestaciones económicas".
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