El mayor caso de corrupción de Córdoba lleva ya tres jueces intructoresCORDOBA/"Operación Rocket"
DAVINIA DELGADO / CÓRDOBA Día 26/11/2014 - 08.47h
Una quincena de tomos y más de 15.000 folios con pruebas documentales, informes y declaraciones componen el sumario derivado de la denominada «Operación Rocket», un complejísimo caso que investiga la mayor trama de corrupción orquestada por una institución pública en Córdoba hasta la fecha. A pesar de ello, el juzgado que se encarga de la causa, Instrucción 2 de Peñarroya-Pueblonuevo, no para de sortear escollos que ralentizan sobremanera la resolución del sumario. A la conocida falta de medios humanos -desde el órgano se ha solicitado refuerzos a la Junta en hasta cuatro ocasiones- y el colapso por el «exceso de asuntos» que tramita, según fuentes del juzgado, se suma ahora un nuevo cambio de titular. Desde el pasado 31 de octubre, una jueza se hace cargo del juzgado y, por ende, de la macrocausa. Es la tercera persona que asume la difícil tarea de instruir este voluminoso expediente.
La «Operación Rocket», que trata de esclarecer la comisión de supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense, sobre todo, relativas a los fondos Miner en la etapa de 2007 a 2011, llegó al órgano judicial en octubre de 2013, fecha en la que la Guardia Civil detuvo a la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), a dos empresarios, e inculpó a otras once personas.
El juez José Antonio Yepes Carmona se encargó de las primeras diligencias, hasta que en mayo de 2014 fue sustituido por otro togado, que necesitó tiempo para estudiar minuciosamente todos los documentos del caso. Ahora, y de nuevo, la marcha de la instrucción se volverá a ralentizar, puesto que la nueva jueza necesita tiempo para ponerse al día. Algunas fuentes aseguran, para más inri, que ésta tampoco ha llegado para quedarse.
Del total de inculpados por el Instituto Armado, finalmente, el juzgado ha imputado a nueve por delitos contra la Administración, fraude y falsedad documental. Son Ruiz y los dos industriales como ideadores de la presunta trama, y otros seis que cooperaban para la obtención irregular de las ayudas. En concreto, dos son de Peñarroya y están vinculados a gabinetes de arquitectura de la localidad del Guadiato; los otros cuatro restantes residen en diferentes provincias y están relacionados con empresas dedicadas a la reparación de vagones, según informaron fuentes judiciales.
El objetivo de esta compleja investigación, que está poniendo a prueba la capacidad del juzgado, es determinar si se cometieron irregularidades en la gestión de proyectos cuya subvención suma 12,5 millones de euros. Están bajo examen judicial casi la mitad de los fondos Miner recibidos por Peñarroya desde el año 2005, que a su vez recibió el 40 por ciento del montante que estaba destinado a reconvertir esta antigua zona minera.
Las ramificaciones de la investigación abarcan desde certificaciones arbitrarias a compras sin tasación alguna, pasando por contrataciones amañadas y sospechas de cobro de comisiones, entre otras presuntas actuaciones ilícitas, en las que la exalcaldesa Ruiz se sitúa en el centro de la trama.
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